El Presidente de la República, Gustavo Petro, calificó en la madrugada de este viernes la suspensión provisional del decreto de emergencia económica como "una ruptura real del orden constitucional".

"Cuando desde hace décadas la Corte Constitucional prohibió suspender provisionalmente un decreto de emergencia, la actual Corte Constitucional, sin estudiar nuestras razones, decidió hacerlo", señaló en su cuenta de X.

El mandatario puntualizó que se "trata literalmente de prejuzgar".

"Pero además se hace por dos razones: porque es un decreto de mi gobierno y porque suspende rápidamente los impuestos a los sectores más ricos de Colombia en contra de la construcción de un Estado Social de Derecho que la misma Constitución ordena", sostuvo.

"Estamos ante una ruptura real del orden constitucional, solo porque existe un gobierno que es amigo del pueblo trabajador", agregó.

Petro indicó que mientras gobierne, "cualquier costo de la deuda no será pagada por el pueblo trabajador".

"Ahora viene el salario vital que también ordena la Constitución de Colombia y debe mostrarse la fuerza pacífica y Constituyente del pueblo. No sé puede dejar perder un concepto tan básico para la Justicia Social como el Salario Vital. Es el pueblo el que ahora decide", añadió.

La Corte continuará estudiando si el decreto gubernamental es inconstitucional o no, pues el magistrado ponente, Carlos Camargo, considera que la iniciativa del ejecutivo puede causar "daños irreparables" al país.

En el decreto 1390 de 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el 22 de diciembre "el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por el término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia" de ese documento.

Esto ocurrió luego de que el Congreso hundiera dos semanas antes el proyecto de reforma tributaria con el que el Ejecutivo pretendía recaudar 4.465 millones de dólares para completar el presupuesto nacional de 2026.

El Ejecutivo señaló entonces que con esta declaratoria, con la que podía establecer nuevos tributos o modificar los existentes, buscaba enfrentar "la incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos materiales y la prestación de unos servicios públicos esenciales" por una "situación fiscal que adquirió el carácter de grave".

El 30 de diciembre pasado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó los impuestos decretados por el Gobierno en el marco de la emergencia económica para equilibrar la "situación financiera" del país.

Ávila detalló entonces que los decretos con los nuevos tributos incluían un aumento del impuesto al patrimonio.

Explicó que en la actualidad este tributo se cobra a quienes tienen un patrimonio de 3.600 millones de pesos (unos 986.000 dólares) y oscila entre el 0,5 y 2 %.

"Hemos modificado esta tarifa del impuesto al patrimonio empezando en un nivel más bajo, una base menor, equivalente a 2.000 millones de pesos (unos 548.000 dólares) y con un incremento porcentual de hasta el 5 % para patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos (unos 27,4 millones de dólares)", detalló el ministro.

Igualmente, el Gobierno decretó el incremento del impuesto de renta para las "personas jurídicas del sector financiero", que hoy tiene "una sobretasa del 5 %" y que buscaba aumentar al 15 %.

En cuanto al impuesto al valor agregado (IVA), el Gobierno lo incrementó para los licores (exceptuando la cerveza), que hoy está en el 5 % y con el decreto quedará en el 19 %.